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El 27 de noviembre y 10 de diciembre se celebrarán en el Centro 3Olivos de la FSDown de Madrid (Madrid) unas jornadas, dirigidas especialmente a familiares de personas con discapacidad, para divulgar las claves para organizar la protección patrimonial de las personas con discapacidad.

Serán dirigidas e impartidas por Carlos de Pablo, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Cantabria, vicepresidente de la Fundación de Apoyos de Cantabria y patrono de la Fundación Síndrome de Down de Cantabria.

Su objeto es divulgar las herramientas de que disponen las familias para organizar esa protección patrimonial, habitualmente desconocidas por sus beneficiarios, y que cuentan con importantes beneficios fiscales. Por poner un ejemplo aportar 1.000 euros a un patrimonio protegido puede tener un retorno fiscal de 450 euros, de manera que no sólo se protege a la persona con discapacidad, sino que el Estado colabora en esa protección incentivándola, y permite disponer de las sumas aportadas para atender las necesidades de la persona con discapacidad en un plazo reducido.

Cuanto antes se organice esa protección mayores serán las ventajas fiscales y de otro tipo que disfrutarán las familias y las personas con discapacidad beneficiarias. NO HAY QUE ESPERAR A LA EDAD ADULTA PARA ORGANIZAR ESA PROTECCIÓN, SINO QUE ES CONVENIENTE HACERLO DESDE LAS MÁS TIERNA INFANCIA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD. Hacerlo de esa manera permitirá ahorrar a la familia y adquirir en un breve plazo los bienes de la persona con discapacidad «con descuento», además de proveer a su protección patrimonial futura.

DESTINATARIOS

Fundamentalmente padres o familiares de:

-personas con discapacidad física o sensorial igual o superior al 65%.

-personas con discapacidad «psíquica» (discapacidad intelectual, enfermedad mental) igual o superior al 33%.

También profesionales de entidades del tercer sector que quieran orientar mejor a las familias de personas con discapacidad, y a profesionales del mundo jurídico que quieran adentrarse en este ámbito.

Se trata de unas jornadas divulgativas y prácticas, no dirigidas a expertos, pues su objeto es convencer a familiares de la utilidad de las herramientas de protección y facilitarles su puesta en práctica.

PROGRAMA

Recepción de los participantes (16.45 a 17).

PRIMERA PARTE (17 a 18.30):

1. Introducción. Una visión global de las necesidades de la persona con discapacidad y de su protección. Herramientas para organizar la protección. El copago en dependencia .

2. El nuevo modelo de apoyo a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y sus implicaciones en la protección patrimonial. Los acuerdos de provisión de apoyos.

3. El Testamento. Previsiones fundamentales en favor de personas con discapacidad (por Carmen Fernández Canales, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Cantabria).

DESCANSO (30’)

SEGUNDA PARTE (19 a 20.30):

4. Los planes de pensiones en favor de personas con discapacidad: beneficiarios, aportaciones, prestaciones. Incentivos fiscales.

5. Los patrimonios protegidos. Rasgos: beneficiarios, aportaciones, fiscalidad. ¿Es buena operación la aportación de un inmueble? ¿Y del usufructo sobre el inmueble? ¿Qué efectos tiene la generación de intereses por los fondos aportados? Diseño de un patrimonio protegido

6. Preguntas

Contacto: carlos.depablo@unican.es. Tfno 942.201245

Matrícula: Fundación Leonardo Torres Quevedo. Para temas relacionados con la inscripción y pago: Teléfono 942200911. Email: fltqcongresos@unican.es.

Enlace para la inscripción y pago:

https://www.fltq.com/jfic/CONCLAVES-24.html

Por Juan Enrique Varona Alabern, catedrático de Derecho Financiero y Tributario. UC

Durante estos días se está hablando mucho de una posible subida del valor de los inmuebles en determinados tributos, y no han faltado noticias en algunos medios de comunicación advirtiendo sobre un notable aumento de la presión fiscal inmobiliaria.

La reciente Ley de medidas contra el fraude fiscal ha implementado el llamado valor de referencia, que es un valor calculado de forma masiva por el Catastro, y que todos los años aparecerá actualizado en su sede electrónica. Este valor será público, de tal forma que todos lo podrán conocer (no así el nombre del titular del inmueble, que es un dato reservado). De momento, solo se determinará el valor de referencia de los inmuebles urbanos residenciales y de estacionamiento (garajes, etc.), así como el de los rústicos sin construcción. Este valor pretende situarse algo por debajo del valor de mercado, concretamente en torno al 90 por 100. Hace unos días se aprobó la Orden Ministerial que concretaba ese coeficiente (0,9), y su publicación ha sido el detonante de tantas reacciones críticas.

El valor de referencia solo se aplicará en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y en el Impuesto sobre el Patrimonio. Dejando a un lado este último impuesto (cuya regulación es más desafortunada), el valor de referencia sustituirá al llamado valor real, que era la base imponible de aquellos dos primeros impuestos, y que, dada su difícil concreción, fue causa de muchos problemas. Efectivamente, era muy habitual que el valor que declaraba el contribuyente acabara siendo elevado por la Administración Tributaria a través de un expediente de comprobación. El litigio estaba entonces servido, ya que el particular normalmente no aceptaba el nuevo valor fijado por la Hacienda y lo impugnaba ante los tribunales, que en muchas ocasiones le daban la razón por entender que la Administración no lo había motivado suficientemente. El contribuyente se podía librar de aquella comprobación si declaraba un valor igual o superior a determinados valores aprobados por la Hacienda autonómica.

A partir de ahora, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales ya no adoptarán como criterio el valor real, que tantas controversias ha generado, sino el valor de referencia (en realidad el mayor valor de los siguientes: valor de referencia, valor declarado y, en las operaciones onerosas, el precio o la contraprestación); es decir, un valor objetivo, que por ser concreto ya no va a ser comprobado por la Hacienda.

Si el contribuyente considera que el valor de referencia es incorrecto, podrá solicitar su rectificación en el momento en que autoliquide uno de aquellos impuestos. Antes de contestar, la Administración autonómica deberá solicitar un informe preceptivo y vinculante al Catastro, que podrá ratificar o corregir aquel valor, o incluso entender que carece de la información suficiente y declarar que ese inmueble no posee valor de referencia. Si ese informe no le da la razón al contribuyente, éste podrá impugnar la posterior liquidación hasta llegar a los tribunales.

Obsérvese que el valor de referencia se determina todos los años, pero no se podrá recurrir en el momento de su publicación sino solo cuando se realice una operación gravada por aquellos impuestos, en cuyo caso se generará una concreta obligación que permitirá su impugnación en los términos que se han expuesto.

Los inmuebles que no tengan asignado un valor de referencia se valorarán por el mayor de los siguientes: precio, contraprestación, valor declarado y valor de mercado. Como en este caso se otorga relevancia al valor de mercado, que es un concepto jurídico indeterminado, será viable -ahora sí- la comprobación de valores por la Administración Tributaria.

En realidad, el valor de referencia tendrá éxito y logrará asentarse si se calcula adecuadamente, lo que significa que en su mayoría se encuentre algo por debajo del valor de mercado y en la misma o análoga proporción. Si así sucede, la Hacienda autonómica garantizará la razonable recaudación de aquellos tributos, y el contribuyente aceptará un sistema que le obliga a tributar por valores que puede considerar razonables. En cambio, el valor de referencia fracasará si un número notable de ellos supera el valor de mercado, o si las diferencias que guarden respecto del valor de mercado no son homogéneas, ya que en ese caso perderá su credibilidad. También es importante que los contribuyentes comprueben que el nuevo sistema funciona con agilidad, que las administraciones implicadas cumplen los plazos, que los informes catastrales se evacúan con diligencia,… En una palabra, que el engranaje procedimental se encuentre correctamente articulado. No cabe duda de que el Catastro tiene por delante un importante reto.